Existen al menos seis denuncias penales contra Mauricio Radford, delegado del Congreso ante el Directorio del Registro Nacional de las Personas. Fuentes de la institución lo acusan de utilizar su cargo para favorecer a empresas de su propiedad.
Mauricio Radford, electo por el Congreso para integrar el Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap) junto con Patricia Cervantes, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Pablo Leal, viceministro de Gobernación, ha sido señalado como la “eminencia gris” al interior de la institución, que además se ha valido de su cargo para otorgar millonarios contratos a empresas de su propiedad.
Una de las últimas denuncias con las que está relacionado fue interpuesta el 14 de mayo de 2009 por Marco Aurelio Alveño Hernández, mandatario judicial del Renap, en contra de los notarios Silvia López Jiménez y Edgar Arturo Méndez García por falsedad ideológica, por el otorgamiento de contratos de arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles para las sedes del Renap a las empresas Grupo Hipona, S.A. e Inmobiliaria El Interior, S.A.
La parte querellante señala que 4 actas notariales referentes a la Inmobiliaria El Interior, S.A. y 32 del Grupo Hipona, S.A., fueron fraccionadas respectivamente por López y Méndez, el mismo día y a la misma hora, a pesar de que se refieren a diferentes contratos de arrendamiento, finalizándose a la misma hora.
Además, en 6 actas notariales relacionadas con Grupo Hipona, S.A. del 23 de noviembre y el 9, 13, 15, 18 y 20 de diciembre de 2007, el representante legal de la empresa acredita su personería con un acta notarial de su nombramiento como administrador único con fecha del 22 de enero de 2008.
Grupo Hipona, S.A. fue constituida el 27 de febrero de 2007 y su representante legal es Axel Estuardo Jacinto Lima, señalado por una fuente cercana al Renap de ser un prestanombre.
“El Renap interpuso una denuncia penal porque generaron unas 100 actas notariales por minuto. Radford se ligó a empresas de bienes raíces que buscaron e intermediaron la ubicación de las sedes del Renap. Las empresas títeres buscaban al dueño del lugar, se lo alquilaban a los propietarios y luego los subarrendaban al Renap o quedaban ligados a una comisión vitalicia mientras duraba el contrato”, explica una fuente del Renap.
La mayoría de los contratos que figuran en esta denuncia no fueron licitados mediante Guatecompras, ya que en dicho portal sólo aparecen 3 contratos otorgados en 2009 por un monto total de Q16 mil 800. Tampoco los contratos otorgados a Inmobiliaria del Interior, S.A. fueron licitados en Guatecompras. La empresa está registrada en el portal, pero no aparece el nombre del representante legal. La investigación del caso sigue en curso.
Datos publicados en Guatecompras muestran que desde 2009 hasta la fecha, el Renap ha otorgado 427 contratos de arrendamiento para sedes locales por un monto total de Q12 millones (Q11.3 millones en 2009 y Q753 mil 105 en lo que va de este año). Todos los contratos fueron publicados sin concurso al tratarse de montos que oscilan entre Q600 y Q15 mil.
otros señalamientos contra el delegado del congreso
Radford también ha sido señalado de vínculos con la empresa BMF, S.A., la cual ha suministrado estructuras metálicas para el archivo de los libros registrales, buzones de seguridad y rótulos para las sedes del Renap.
Según la información publicada en Guatecompras, el Renap ha otorgado un total de 5 contratos a esta empresa: 1 en 2008 y 4 en 2009, por un total de Q2.4 millones. La única entidad estatal que ha suscrito contratos con BMF, S.A. es el Ministerio de Gobernación, el cual le adjudicó Q25 mil en 2009.
La empresa fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo de 2004 y sus representantes legales son Víctor Manuel Gallardo Rubio, Jorge Estuardo Morales Cruz, y Auner Misael González Vargas.
Otra denuncia interpuesta en 2009, le relaciona con el hurto de tóner de las bodegas del Renap, ubicadas en El Naranjo, Mixco. Una investigación interna de la institución reveló que el jefe de bodega, una persona supuestamente vinculada a Radford, habría extraviado dos marbetes que permitieron el ingreso a la bodega. El caso también se encuentra bajo investigación.
elPeriódico tuvo acceso a cotizaciones proporcionadas por dos empresas para la elaboración de mantas vinílicas para el Renap: Oxígeno Comunicación y H20 Comunicación, ambas firmadas por la misma representante legal, Sucely Fuentes.
Un ex funcionario del Renap que pidió reserva de su nombre, afirma que H20 Comunicación pertenece a allegados de Radford, y que la cotización de Oxígeno Comunicación, una empresa inexistente, fue incluida “para relleno” en la licitación.
Dualidad de mandos
Fuentes cercanas a Enrique Cossich, ex director ejecutivo del Renap, señalan que durante los primeros meses de su gestión parecía tener una buena relación de trabajo con Radford, pero que esta no tardó en deteriorarse, ya que Cossich manifestó su malestar por el hecho de que Radford giraba órdenes que entraban en contradicción con las suyas.
“La dualidad de mandos era el motivo de problemas en la institución. Es necesario que el Director Ejecutivo tenga la responsabilidad total por la función ejecutiva del Renap. La función de Radford debería limitarse a participar en el Directorio”, afirma Francisco Bio, representante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en el Consejo Consultivo del Renap.
En 2008, la Contraloría General de Cuentas (CGC) interpuso una denuncia contra Radford en el Segundo Juzgado de Primera Instancia Penal por abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y peculado, luego de que este autorizara pagos y facturas al personal del Renap, funciones que competen exclusivamente al Director Ejecutivo. El recurso fue desestimado.
No obstante, elPeriódico tuvo acceso a cartas firmadas por Radford y dirigidas a la directora de capacitación y desarrollo humano con fecha del 8 de enero y el 13 de marzo de 2008, en las cuales se le ordena que renueve los contratos de varios empleados bajo el renglón 029 y que se proceda a la contratación de otros. Otra misiva del 9 de enero, ordena al jefe de administración de personal que proceda a la adquisición de 150 camisas de tipo polo para los funcionarios que viajaban al interior. Todas estas funciones competen exclusivamente al Director Ejecutivo.
Uno de los casos investigados por la CGC en el que participó todo el Directorio, que hace dos años estaba conformado por Radford, el ex magistrado del TSE, Ángel Figueroa, y el ex viceministro de Gobernación, Ángel Rodríguez Tello, fue el nombramiento de Jorge Rodas como director Administrativo.
La ley le da al Director Ejecutivo, en ese entonces Enrique Cossich, la potestad de decidir los nombramientos, pero un documento emitido por el Directorio les autorizó a “promover” a Rodas y “en consecuencia nombrarlo”.
Rodas, responsable de la remodelación de las sedes municipales del Renap, está casado con una prima de Radford, un parentesco que la ley no contempla como un conflicto de intereses.
En 2009, la CGC interpuso una nueva denuncia contra Radford ante el Ministerio Público (MP), por usurpación de funciones y abuso de autoridad, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos la desestimó al considerar que como miembro del Directorio, Radford “tenía funciones fiscalizadoras” en los contratos en cuyo otorgamiento supuestamente había incidido.
Una tercera denuncia fue interpuesta el mismo año ante el MP en contra de Radford y dos funcionarios del Renap: Ángel Alfredo Figueroa y Ezequiel Rodríguez Porras, pero tampoco prosperó.
“Han aparecido documentos firmados por Mauricio Radford, cuando él no tiene ninguna facultad administrativa. Él es un miembro más del Directorio y las decisiones tienen que ser colegiadas. Hemos tratado de coordinar esfuerzos con el MP, entregándoles los documentos que solicitan. Cuando presentamos una denuncia bien sustentada nos provoca cierto nivel de frustración”, afirma el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos.
Según las fuentes del Renap, Radford controla un 40 por ciento del personal de la institución y es tal su influencia sobre estos funcionarios que puede producir una merma significativa en los niveles de productividad de la institución, algo que ha utilizado como medida de presión para lograr que el resto del Directorio acceda a sus peticiones.
Tanto Cervantes como Pablo Leal, quien integra el Directorio desde febrero 2010, afirman desconocer ninguna denuncia penal en contra de Radford. La primera se limita a indicar que sólo está al tanto de lo que se ha publicado en la prensa. “A las personas a quienes les conste, que presenten denuncias”. Fuentes del Renap señalan que la inactividad de los representantes del TSE y del Ejecutivo en el Directorio ha permitido que Radford actúe bajo un manto de impunidad.
Anomalías en el DPI y la renuncia de Cossich
El 20 de mayo, la diputada patriota Roxana Baldetti denunció la existencia de 6 mil 284 DPI en los cuales se repetían los primeros cuatro dígitos o número correlativo, supuestamente como resultado de un fallo técnico.
Pese a que el Renap afirma que la repetición de este número no invalida el documento, ya que en ningún caso se repite la secuencia entera de 13 dígitos del Código Único Verificador (CUI), el hallazgo bastó para precipitar la renuncia de Cossich. El ex director del Renap se limita a explicar que renunció porque el Directorio había perdido confianza en su desempeño.
Sin embargo, un ex funcionario de la institución que pidió reserva de su nombre, asegura que “Cossich no renunció. Radford y Cervantes se aliaron y lo hicieron renunciar porque empezó a exigir transparencia”.
Desde la salida de Cossich, se afirma que unos 30 funcionarios han sido despedidos repentinamente y sin debida justificación, entre ellos los jefes de aplicaciones, seguridad, informática y base de datos. Fuentes de la institución señalan que estos cuadros nada tienen que ver con el error técnico que ocasionó la repetición de los CUI, mientras que el jefe de desarrollo de programas, cuyas atribuciones sí lo vinculan con ese tema, conservó su puesto.
Según estas fuentes, los despidos han sembrado un sentimiento de incertidumbre en el resto del personal que ha repercutido en el desempeño de sus labores. En muchos casos, el nivel de especialización técnica del personal despedido hace que estos empleados sean difíciles de reemplazar.
El sábado 19 el Directorio del Renap nombró a Jorge Adolfo Matheu Fong como nuevo director ejecutivo de la entidad.
“No existe causa para iniciar un proceso en mi contra”
Mauricio Radford, delegado del Congreso ante el Directorio del Renap.
El funcionario rechaza los cuestionamientos, asegura que todo está en orden.
Se le vincula con el jefe de la bodega de El Naranjo donde ocurrió el hurto de tóner.
- Enrique Cossich era el responsable total del nombramiento de las personas. Si él no denunció ese hecho al Directorio, que no es el caso porque es la primera noticia que yo tengo al respecto, él deberá asumir las consecuencias.
¿De qué manera se vincula usted con las empresas Grupo Hipona, S.A. e Inmobiliaria del Interior, S.A.?
-De ninguna.
¿Y cuál es su vínculo con BMF, S.A.?
- Ninguno. Las únicas compañías que tengo son Tecnisoft, que existe desde 1988, y una reciente que se llama Teleguía, S.A. Hay una en la que tengo un grado de participación que es de mi papá: Organización Técnica Centroamericana, S.A.
Existe una certificación del departamento financiero y administrativo del Renap que demuestra que no tengo ninguna transacción donde yo esté directamente relacionado con situaciones mercantiles ni con las de mis familiares.
Existen tres denuncias penales en su contra por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
- Eso ha sido investigado por el ente investigador del Estado y no existe ninguna situación para poder iniciar un proceso judicial en mi contra.
El TSE señala que la implementación tan acelerada del DPI ha sido la causa de una serie de anomalías.
- El Renap es un rector y no estamos supeditados a las interpretaciones del TSE.
¿Cómo es posible que una mujer en un municipio de Retalhuleu haya podido obtener dos DPI?
- Ya se le notificó al TSE cuál de los dos números de DPI debe de inhabilitar porque el Renap ya lo identificó y ese DPI obra en el poder del Renap, no del ciudadano.
Si hay tantas anomalías en una pequeña muestra de 400 mil DPI enviados al TSE podría suponerse que haya muchas más en el universo total de los DPI.
-El TSE sobredimensionó el tipo de problemas que se dieron, lo cual pone en riesgo la credibilidad del proyecto.
El 15 de mayo era la fecha límite para que el Renap entregara al TSE una muestra de 800 mil DPI pero sólo se entregó 261 mil 775. ¿Por qué no lo hicieron?
-Nosotros hemos buscado la mejor forma para trasladar la información. Tras la voz de alarma que dio el TSE, se hizo una auditoría del sistema y de los problemas que pudiera haber en la base de datos. Este proceso de auditoría y verificación obviamente interrumpió el traslado de información hacia el TSE
Fuente: elperiódico