El Gobierno de Guatemala debe decidir hoy si acatará las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 20 de mayo, entre las cuales está la suspensión temporal de actividades y la implementación de medidas dirigidas a paliar los problemas de salud de los habitantes.
La comisionada Presidencial de Derechos Humanos, Ruth del Valle, confirmó que el Gobierno remitirá hoy su informe de conclusiones a la CIDH, en el que se explicarán cómo se acatarán las medidas y los motivos de ello.
"El derecho internacional está por encima del derecho interno. Como suscriptor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Guatemala tiene que acatar la medida", explicó Del Valle.
"Lo que podemos decir a la Comisión es de qué manera vamos a implementar esas medidas, unas pueden ser de acatamiento inmediato y otras pueden ser cuestión de más largo plazo, de evaluación, para preparar los correctivos", aclaró.
El informe contiene una respuesta detallada a cada una de las acciones solicitadas. En su elaboración participaron los ministerios de Ambiente, Energía y Minas, Salud, Comunicaciones, la Procuraduría General de la Nación, así como la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
El vicepresidente Rafael Espada dijo ayer que la carta, que será enviada a la CIDH, estaba en el despacho del presidente Álvaro Colom, y que hoy informará al respecto.
Jorge Morales, de la Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, dijo: "La respuesta del Estado debe ser acatar la resolución y suspender ya la mina Marlin, sin embargo, sabemos que vendrá una comisión de la CIDH que hará una visita de campo y eso quiere decir que es posible que se prorrogue la respuesta del Estado", estimó Morales.
El procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, por su parte, refirió que, si no se cumplen esas medidas cautelares, Guatemala estaría dando una gran paso atrás en materia de derechos humanos.
"El Gobierno tiene que cumplir y no solo se lo mandata la CIDH, sino la misma Constitución porque se observa la buena fe, y es una parte constitucional que se debe aplicar, no existe una justificación para no hacerlo", explicó.
Fuente: PRENSA LIBRE