En referencia a la minería
LA SUGERENCIA DE LA Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de suspender las actividades de la mina de oro Montana, cuyas operaciones se encuentran en San Marcos, tiene como uno de sus resultados colaterales despertar la discusión acerca del futuro de la minería en Guatemala.
Si los ciudadanos guatemaltecos, indígenas o ladinos deben obligatoriamente ser consultados porque tienen la potestad de decidir si autorizan la inversión en la minería, en vista de su rechazo, la mejor solución será entonces prohibir de plano estas extracciones, porque de cara a la relación del país con la comunidad internacional es menos negativa una prohibición, al compararla con la posibilidad de hacerlo pero con el riesgo de un cierre inesperado.
LA MINERÍA, EN PAÍSES como el nuestro, depende de la inversión extranjera, y esta, de la seguridad jurídica, condiciones de la extracción, tiempo de las concesiones o de los contratos —como es el caso de Guatemala—. En otras palabras, se necesita dinero extranjero proveniente de fuentes conocedoras del tema, por ser tan especializado. Pero dentro del derecho de los países se encuentra el de cerrar la puerta si la gente no desea aprovechar los beneficios causados por el trabajo de las empresas foráneas. Ello, obviamente, implica buscar la manera de proporcionarles un puesto de trabajo a quienes se benefician con los empleos generados por la extracción de metales y quienes reciben efectos positivos secundarios provocados por la fuente laboral.
UNOS PAÍSES VEN EN la minería una actividad no solo ajena a cualquier daño en la salud de los residentes en las cercanías de los proyectos mineros, así como una fuente importante de ingresos para el fisco. Por eso la minería existe en docenas de lugares del mundo. Por supuesto, no se puede negar la existencia de grupos muy activos contrarios a esta actividad industrial, por razones muchas veces no solo pertinentes, sino justificadas. Pero, en sentido general, la minería es una de las actividades humanas más antiguas del mundo, y por ello, como toda acción en el medioambiente, a lo largo de los siglos se ha avanzado para evitar los daños causados por la sobreexplotación de este variadísimo tipo de recursos terrestres no renovables.
OTRO TEMA ES EL DE LA credibilidad del Gobierno al trabajo de sus propias instituciones. Si hay dictámenes positivos, si se llenan los requisitos, el Gobierno se coloca él solo en un brete cuando decide no acatar esos informes. La fuga de inversión extranjera o su decisión de descartar a Guatemala como lugar donde se embarquen en la aventura de buscar minerales será sin duda una consecuencia aumentada de manera exponencial, porque son muy pocas las grandes compañías internacionales con capacidad de invertir aquí, y por tanto existe una relación entre ellas y un intercambio de información y de consejos para no invertir en aquellos países donde las condiciones no permitan el normal funcionamiento de cualquier actividad industrial.
LOS OPOSITORES A LA MINERÍA en sí misma, aun si los impuestos son los adecuados, los beneficios a las comunidades son evidentes y no afectan de manera exagerada a la ecología, deben informar cuál es la opción propuesta por ellos y hablar de cómo sustituir los empleos perdidos y los beneficios de la carga impositiva obtenida. Las minas normalmente se encuentran en regiones inhóspitas, poco aptas para cualquier actividad agrícola, artesanal, etcétera. Entonces, la decisión de luchar en contra de una mina debe ir acompañada de las sugerencias de dónde obtener empleos y quién debe otorgarlos. Es allí donde la decisión del Gobierno no puede dejar por un lado una consideración fundamental: cómo actuar para no provocar desempleo innecesario.