El Renap en manos del G-8
La intervención afectará la credilibilidad de la institución.
Gustavo Berganza
El principal causante de esta crisis es el propio Congreso de la República, por haber aprobado una ley que fijaba plazos irreales para absorber las tareas de los 334 Registros Civiles municipales. Y luego, por el hecho de haber ideado un directorio con un representante del Legislativo que no tenía justificación lógica para integrarlo. Ya lo ven ustedes, la elección de Mauricio Radford como delegado del Congreso y el abuso que este hizo de su posición ha tenido consecuencias negativas. Radford traficó con los recursos del Renap y junto con los demás integrantes del directorio convirtió al Registro en amamantador de recomendados de alcaldes, dirigentes políticos y, sobre todo, diputados.
¿Por qué digo que es una mala decisión? En primer lugar, porque el Presidente –acoquinado por la ola expansiva que desató la orden de detención de Carlos Vielmann, protegido y agente del G-8– ha accedido a las presiones de los grandes grupos económicos, para cederles el control del Renap. La intención de los grupos que controlan el Cacif no es otra que atajar lo que ellos, en su lóbrega y yerta fantasía, ven como la puerta hacia un fraude electoral a favor de Sandra Torres, que empujaría a Guatemala a convertirse en una segunda Venezuela.
Pero también hay otro trasfondo: el disgusto de los empresarios que perdieron la licitación para el DPI a manos de Easy Marketing, Gregorio Valdez y Banrural, que respalda a Valdez. No olvidemos que esta licitación, junto con la de los pasaportes, fueron dos de los temas que motivaron a Rodrigo Rosenberg a fraguar su propio asesinato e intentar derrocar al Gobierno. Aquí aparece el bancote del G-8, que avala a Carlos Zachrisson, uno de los oferentes perdedores que puja por declarar inconstitucional la adjudicación a Valdez.
Pero además del tema de las paranoias del G-8, está el legal. Carlos Larios Ochaita le dijo al Presidente que es posible realizar la intervención desde el Ejecutivo, tal como se hizo con el IGSS durante el gobierno de Alfonso Portillo. Sin embargo, Larios omitió decirle al mandatario que esta intervención fue declarada inconstitucional por la CC, luego de sendos recursos presentados por Alejandro Balsells y el propio Cacif. Lo que procedería en este caso, según me dice Balsells, es que el Congreso aprobase una ley de intervención, con mayoría calificada.
En el ínterin, el recurso de inconstitucionalidad en contra de Easy Marketing sigue su camino. Y si se anula el contrato con la compañía emisora de los carnés, esto detendrá totalmente la documentación de quienes acceden a la mayoría de edad y de quienes han perdido su cédula, dejándolos en un limbo legal en donde no existen como ciudadanos.
Fuente: elPeriódico