Entre opiniones a favor y en contra, el mandatario declinó la idea de nombrar una junta interventora.
El Presidente tiene previsto anunciar este fin de semana que no intervendrá el Registro Nacional de las Personas (Renap), según fuentes cercanas al mandatario.
El Comité Coordinador de Asociaciones, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) no se reunió el miércoles, como estaba previsto, con el mandatario Álvaro Colom. Lejos de eso, ayer, el sector privado pidió la intervención de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para “garantizar el derecho a la identidad” y evitar un inminente fraude.
“No se puede perder más tiempo, hay que abordar el rescate de la entidad. El Presidente no se define, eso es obvio. Pero independientemente de eso, no podemos perder el tiempo para rescatar al Renap, lo que pasa por la reestructuración del Directorio, que está demasiado influenciado por la política”, dijo el presidente de Cacif, Carlos Amador.
El representante del sector privado también se cuestionó: “¿Qué tipo de errores o inconsistencias podrían afectar la incorporación de más de 4 millones de DPI al padrón? ¿Qué pasará con la fila de guatemaltecos que no podrán votar?”.
En tanto, el procurador Sergio Morales dijo que comparte la opinión del Cacif, y que hoy o la próxima semana, se reunirá con los empresarios.
Federico Velarde, asesor del Renap, dijo que el Presidente pidió un informe de los avances de las auditorías, el rediseño de los sistemas, el establecimiento de mesas técnicas con el Tribunal Supremo Electoral, así como la realización de consultas a consulados, embajadas y la proveedora del DPI, entre otros puntos.
“El Presidente no tiene por qué consultarle a nadie más que a la Corte de Constitucionalidad. En todo caso tendrá que consensuar con los sectores afectados”, agregó Velarde.
Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que la indecisión del mandatario radica en las presiones que recibe de los distintos sectores que están haciendo cabildeo, entre los que se encuentran el Cacif, que está a favor de la intervención; un ala del Mirador Electoral, que también la apopa; y órganos como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o Flacso –que forma parte del Mirador-, que están en contra.
Fuente: elPeriódico