Los solicitantes interpusieron la acción legal ante un juzgado del ramo civil.Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, Álvaro Ramazzini, arzobispo de San Marcos y pobladores de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, accionaron legalmente para que se suspendan las operaciones de la Mina Marlin. Pretenden que un juez del ramo civil suspenda los trabajos mineros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó en mayo al Estado guatemalteco que suspenda los trabajos de la mina; además, solicitó informes para comprobar los niveles de contaminación en las aguas, suelos, subsuelo y aire.Benito Morales, representante legal, dijo que el Estado tiene que cumplir con la obligación y dejar de poner en riesgo la vida de las 18 comunidades del área.
Agregó que “con la acción se pretende obligar al Gobierno a cumplir y avisar a la empresa que están suspendidas sus operaciones mineras, hasta que exista una decisión definitiva por parte de la CIDH”.Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, expresó que “la acción de la CIDH, es para salvaguardar la vida de los pobladores, pero el Gobierno deja indefensas a las comunidades y permite que se continúe con el trabajo minero”.
El vicepresidente, Rafael Espada, a cargo de la Comisión de Análisis del tema expresó: “Estamos tranquilos porque hacemos lo que la ley indica, la orden ya fue ejecutada”.
El Vicemandatario agregó que el Ministerio de Energía y Minas se encuentra en el proceso de cierre, que dura entre 90 a 120 días.
Fuente: elperiódico
Los solicitantes interpusieron la acción legal ante un juzgado del ramo civil.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, Álvaro Ramazzini, arzobispo de San Marcos y pobladores de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, accionaron legalmente para que se suspendan las operaciones de la Mina Marlin. Pretenden que un juez del ramo civil suspenda los trabajos mineros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó en mayo al Estado guatemalteco que suspenda los trabajos de la mina; además, solicitó informes para comprobar los niveles de contaminación en las aguas, suelos, subsuelo y aire.
Benito Morales, representante legal, dijo que el Estado tiene que cumplir con la obligación y dejar de poner en riesgo la vida de las 18 comunidades del área.
Agregó que “con la acción se pretende obligar al Gobierno a cumplir y avisar a la empresa que están suspendidas sus operaciones mineras, hasta que exista una decisión definitiva por parte de la CIDH”.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, expresó que “la acción de la CIDH, es para salvaguardar la vida de los pobladores, pero el Gobierno deja indefensas a las comunidades y permite que se continúe con el trabajo minero”.
El vicepresidente, Rafael Espada, a cargo de la Comisión de Análisis del tema expresó: “Estamos tranquilos porque hacemos lo que la ley indica, la orden ya fue ejecutada”.
El Vicemandatario agregó que el Ministerio de Energía y Minas se encuentra en el proceso de cierre, que dura entre 90 a 120 días.
Fuente: elperiódico