La medida cautelar ordenada por la CIDH, entidad de la Organización de los Estados Americanos, busca garantizar los derechos humanos de las comunidades ante el supuesto de que pudieran estar siendo violentados y demanda una investigación específica para determinar tales probabilidades o descartarlas.
“Es una medida acertada porque el Estado tiene la obligación de tomar cualquier acción necesaria para velar por la vida”, dice la ecologista Vida Amor de Paz, directora de la Fundación Bosque Tropical.
“El Gobierno está cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, agrega.
Omar Jerónimo, dirigente de la Central Campesina Chortí Nuevo Día, opina que se trata de “una decisión que pocas veces se toma”, cuyo fondo es el respeto de los principios de precautoriedad y preeminencia de los tratados en materia de derechos humanos en el marco jurídico nacional e internacional.
“Es una pequeña muestra de la disposición del Estado de dar pasos hacia la protección de la población y enviar un mensaje a los inversionistas serios de que las reglas del juego están claras”, enfatiza.
OPINIONES
“No se trata de satanizar o estar en contra de toda inversión. No es cosa de cerrarle la puerta a nadie. Es dejar claro que las cosas se deben hacer bien y con responsabilidad”.
Vida Amor de Paz,
de Fundación Bosque Tropical
“Es una medida que trata de dar señales de que las reglas no deben ser permisibles a los intereses económicos contra los derechos humanos”.
Omar Jerónimo,
dirigente campesino
“Marca un precedente en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Aún así hace falta el cumplimiento de otros tres mandatos de la CIDH”.
Carlos Salvatierra,
activista ecológico
Fuente: Diario de Centro América