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Los representantes de Montana Exploradora dieron una conferencia de prensa ayer como reacción al anuncio del Gobierno.
Los representantes de Montana Exploradora dieron una conferencia de prensa ayer como reacción al anuncio del Gobierno.Montana Exploradora rompió el silencio. Las operaciones en la mina Marlin continuarán, de hecho, ni siquiera se han interrumpido, dijo ayer Eduardo Villacorta, representante de Goldcorp. En tanto Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 15 días más al Gobierno para sustentar la posición. Reiteró que el Estado acatará la solicitud de ese organismo.
Goldcorp dejó en claro que no suspenderá operaciones a través de un comunicado, la compañía dijo que “manifiesta su expectativa de que se cumpla el debido proceso referido en el comunicado de prensa emitido por el Gobierno de Guatemala, razón por la cual la mina Marlin continúa realizando sus actividades de manera regular”.
Villacorta resaltó su extrañeza ante la decisión del Gobierno de imponer medidas cautelares como respuesta a la (CIDH) que solicitó el cierre de la mina. “El comunicado del Gobierno lo único que resalta es el cumplimiento de la ley”, además de explicar que no hay detalles del proceso por el que se cumplirán esas medidas.
Complacidos pero también disgustados
El comunicado añade que la compañía “se complace que publica y oficialmente el Gobierno de Guatemala reconozca que la mina Marlin no ha causado contaminación al ambiente o al agua de las comunidades vecinas, así como tampoco ha provocado enfermedades o problemas de salud a las mismas”.
“Vamos a estar dispuestos a colaborar con las instituciones del Estado siempre y cuando no se afecte el clima de inversiones”, dijo Villacorta. La inversión acumulada excede los Q2 millardos y se contabilizan entre 10 mil empleos directos e indirectos.
Yuri Mellini, abogado ambientalista, indica que el Gobierno ha sido claro. Sin embargo, mientras no se conozca el documento oficial que presentó la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) sólo se puede especular. El comunicado hace salvedad que las medidas cautelares se implementarán de acuerdo a la capacidad institucional del Estado.
“En opinión de Calas hay dos vías, una a través del Ministerio de Energía y Minas, siguiendo la Ley de Minería y su reglamento, en la cual se establecen las causales del cierre temporal. Otra vía más apegada a la resolución de la CIDH es a través de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. El supuesto jurídico es que hay un daño inminente a la salud y que la actividad industrial podría causar repercusiones, por lo que el Gobierno debe suspender provisionalmente para investigar si los daños existen o no”, agregó.
Ruth del Valle, presidenta de la (Copredeh) –el canal para la ejecución de las medidas– explicó que fue una decisión del Presidente. “Nosotros somos el canal ante la Comisión Interamericana…es de acuerdo a los procedimientos internos que debe resolverse”. Remitió al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles. El funcionario no respondió a las llamadas de elPeriódico.
Fuente: elperiódico