James Anaya, relator de la ONU para los Pueblos Indígenas, evidenció durante el último día de visita problemas entre comunidades y empresas extractivas.
Ayer, el relator especial de la ONU, James Anaya, rindió un informe preliminar tras su visita de una semana al país. Esta se concentró en realizar un diagnóstico sobre comunidades indígenas del Occidente del país que han sido afectadas por las actividades de compañías extractivas dentro de sus territorios ancestrales.
Entre las primeras conclusiones obtenidas, el relator, destacó el “clima de inestabilidad y conflictividad social que existe alrededor de las comunidades donde existen proyectos mineros”.
Según Anaya, se registra el mismo patrón en donde quiera que estos conflictos estallan: se ignora de la validez de las consultas realizadas por las comunidades, y la fragilidad del actual régimen de ordenación legal de la tierra, que no provee de seguridad jurídica a los propietarios, provoca que se obvien títulos de propiedad colectivos y otros. Según el Relator, esta es una de las consecuencias que dejó el conflicto armado entre los pueblos indígenas.
Convenio 169 no se respeta
Roberto Marani, miembro laico de la diócesis de San Marcos, comentó que Anaya estuvo presente el jueves en el sitio sagrado de Zaculeu, Huehuetenango. “Fue una reunión espectacular, llegaron más de 10 mil personas. Eso fortalece los procesos de organización de las comunidades”.
Precisamente esos procesos son lo que se vienen sucediendo desde hace por lo menos 5 años en la región, a través de las más de 40 consultas comunitarias sobre el tema de la minería que se han organizado en el departamento.
A decir del Relator, el Estado no ha cumplido adecuadamente su papel en relación a lo que el Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece respecto a las consultas hechas por las comunidades originarias.
Fuente: elperiódico