Sin haber firmado un contrato con el Registro Nacional de las Personas, la empresa denominada Expert, S.A., comenzó a digitalizar libros de nacimiento de varios municipios, en febrero del 2009, cuando todavía no se había asignado dicho trabajo a compañía alguna.
Las cinco personas que fotografiaron los libros se identificaron con nombres y cédulas como miembros de Expert, compañía que supuestamente trabajaba para el Renap y de la que dijeron que su número telefónico era el call center 1703, según el libro de visitas de la sede de Guastatoya.
Una de esas personas mencionó que había estado en 10 comunidades de El Progreso digitalizando libros de nacimiento. Trascendió que también se habrían copiado libros en Sololá.
El 1703 corresponde a la empresa Teleguía, S.A., cuyo representante legal es Mauricio Radford, ex miembro del directorio del Renap, quien fue destituido la semana recién pasada por el pleno del Congreso, por violar 11 artículos de la Ley de Probidad.
Caso Guastatoya
La trama se descubrió cuando el registrador de Guastatoya, preocupado por la ausencia de identificación formal de esas personas y de que llegaran en fin de semana, envió una notificación el 24 de febrero del 2009 al supervisor administrativo del Renap para El Progreso y Chiquimula, Julio Solís, donde informó de los hechos anómalos.
Además, remitió otro oficio, fechado el 5 de marzo último, a quien entonces era registrador central, Áxel Ottoniel Maas Jácome, quien actualmente funge como magistrado de la Corte Primera de Apelaciones del ramo Penal. Este último remitió la comunicación al Directorio del Renap, el 11 de marzo.
Preguntado por esos hechos, Maas declaró a Prensa Libre: “Hubo una situación en Guastatoya en la que había personas que llegaron a esa labor de digitalización con un aspecto que no era serio, que no se habían identificado con un carné y que sin embargo dijeron que pertenecían a una empresa de digitalización”.
“Parece ser que hubo una situación dudosa en cuanto a qué empresa pertenecían, y parece ser que los que estuvieron digitalizando mencionaron que tenían algún vínculo con alguien del Renap y que no se les estuviera cuestionando su ingreso por su aspecto, en virtud de que ellos trabajaban para alguien del Renap”, aseveró Maas.
“La persona que llegó supuestamente a digitalizar los libros mencionó eso, que tenía algún tipo de relación con el señor Radford y que él era su jefe”, confirmó el ahora magistrado.
Intentan falsear pruebas
Sin embargo, posteriormente, el registrador de Guastatoya recibió una orden del supervisor de El Progreso, Solís, de repetir los oficios y cambiar el nombre de la empresa Expert por Easy Marketing. Solís confirmó que alguien lo llamó días después para decirle que había que hacer otro oficio, pero aseguró que no recordaba quién.
Easy Marketing es la compañía que resultó seleccionada para la emisión e impresión del Documento Personal de Identificación (DPI), según el contrato firmado con el Renap el 29 de diciembre del 2008. Sin embargo, entre las funciones asignadas por el contrato no está incluida la digitalización de documentos.
Se trató de contactar a Jorge Luis Font, representante de Easy Marketing en Guatemala, para conocer su opinión sobre esos procedimientos, pero no se obtuvo comunicación con él.
Prensa Libre cuenta con copia de los documentos originales, en los que se notificaba que la empresa Expert había digitalizado datos, y también que sustituyeron a los primeros, en los que se observa el cambio por el nombre de Easy Marketing, aunque aparecen bajo similares números de registro.
“Un error”
El magistrado Maas, por aquellos días registrador central del Renap, confirmó que después de haber puesto tal situación en conocimiento del directorio, recibió una llamada de Radford, en la que este le explicó que por un “error” del registrador se había consignado equivocadamente el nombre de la empresa, pero que eso ya había quedado resuelto.
“No sé al final qué sucedió”, expresó Maas, aunque sí precisó que las comunicaciones directas de Radford hacia él eran poco comunes, por lo cual le resultó extraña la celeridad con la cual se comunicó en esa ocasión.
Respecto de si él mismo repitió el oficio cambiando el nombre de una empresa por otra, Maas indicó no recordar exactamente ese punto, aunque sí el haber remitido la primera versión del oficio al directorio.
“Mi preocupación no era tanto si una de esas empresas está vinculada con alguien del Renap, sino que mi pena era que la información no estuviera cayendo en manos de alguien que no tuviera autoridad para ver los registros y quisiera establecer algún cambio”, aseguró.
“Al decirme el ingeniero Radford que había un error y que era la empresa del DPI; bueno, a mí lo que me interesaba era saber que era una de las empresas que digitalizó los libros del Renap, y no un desconocido”, comentó el actual magistrado.
Sí ocurrió
José Pablo Sandoval, uno de los empleados que fue a Guastatoya, confirmó a Prensa Libre que es trabajador de esa empresa y que estuvo en 10 municipios realizando ese trabajo de digitalización.
Aunque no fue posible determinar en cuántos municipios se realizó esa labor, el personal del Renap en Guastatoya también confirmó que esas personas les dijeron que venían de Sololá y su siguiente destino era Sanarate, El Progreso.
Después de que se efectuaron esas visitas a un número indeterminado de municipios por empleados de Expert, el Renap publicó en Guatecompras un concurso de adjudicación por excepción para contratar los servicios de digitalización, el cual fue asignado a la empresa Santolina, S.A., y que se firmó el 6 de mayo del 2009.
Los datos que fueron fotografiados por Expert están actualmente disponibles en el sistema informático del Renap, según se pudo comprobar con los libros de nacimiento digitalizados en Guastatoya, cuyas fotografías pueden consultarse en el sistema interno de esa institución.
Se trató de contactar al director del Renap, Jorge Matheu, para saber si se tiene conocimiento de esas anomalías y si hay una investigación al respecto en la institución, pero no respondió ni por vía telefónica ni por correo electrónico.
De igual modo, se trató de obtener la versión de Radford, quien tampoco respondió a las llamadas ni se encontraba en sus empresas.
Ilegalidades
Para el abogado penalista Ramón Cadena, es un hecho “grave” que una empresa que no tiene registros mercantiles haya copiado información tan “sensible”, sin saberse a ciencia cierta el destino final de la misma.
“Se debe iniciar una investigación penal de inmediato y exigir al Renap deducir responsabilidades”, apuntó.
El abogado recordó que la información contenida en los registros municipales es privada y que la Ley de Acceso a la Información define que son datos sensibles y personales.
“En este caso, ninguna empresa privada puede capturar datos sensibles sin un contrato previamente establecido con el Estado y sin el consentimiento de las personas afectadas”, explicó Cadena. Además, aseguró que ello pone en entredicho el próximo proceso electoral.
Fuente: Prensa Libre