El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) presentó ayer una querella penal contra Romeo Rodríguez, ministro de Energía y Minas, y Carlos Meany, ex ministro, por haber aprobado la ampliación del contrato petrolero 2-85.
La Universidad de San Carlos (Usac) también anunció ayer que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra ese acuerdo.
Yuri Melini, director de Calas, informó que la querella penal contra Rodríguez es por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La denuncia se presentó ayer a las 12 horas en el centro de Gestión Penal de la Torre de Tribunales.
“Se dispuso así porque cuando ocurrió el desastre en Atitlán presentamos una querella ante el Ministerio Público, contra el vicepresidente y otros funcionarios, pero la denuncia fue archivada”, declaró el ambientalista.
Aseveró que se les acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, porque en repetidas ocasiones Calas les informó por escrito que renovar y ampliar el contrato petrolero 2-85 contravenía la legislación vigente y por tanto no debía aprobarse, pero hicieron caso omiso a los señalamientos y lo avalaron.
El activista aclaró que ahora el juez tendrá que conocer y calificar el expediente, perseguir a Meany, quien no tiene derecho de antejuicio, y enviar el expediente ya calificado al Ministerio Público, para iniciar el antejuicio contra Rodríguez.
Melini anunció que Calas presentará seis recursos más en los próximos días.
Al tratar de obtener una opinión de Rodríguez, en el Ministerio de Energía y Minas informaron que una vez reciban la notificación, los abogados de esa institución analizarán lo que procede legalmente.
Se trató de contactar a Meany, pero fue imposible.
Inconstitucionalidad
Estuardo Gálvez, rector de la Usac, informó que ayer el Consejo Superior Universitario autorizó emprender acciones legales contra la aprobación del contrato petrolero 2-85.
Gálvez informó que la próxima semana la Usac presentará una acción de inconstitucionalidad contra esa prórroga.
La medida se tomó porque esa casa de estudios administra el biotopo Laguna del Tigre Río Escondido, que forma parte del Parque Nacional Laguna del Tigre, y es afectada por esa actividad extractiva del llamado oro negro.
“Es difícil comprender cómo el Estado tiene unidades técnicas. Estas le dicen que se viola la ley, y sin embargo se toma una decisión política en contra de esos criterios técnicos”, aseveró Gálvez.
Fuente: Prensa Libre