Piden, además, recibir un porcentaje de las utilidades que obtiene la institución por los servicios que presta.
Jorge Matheu, director del Registro, señala que esperaría solicitudes más propositivas.
Que las plazas de trabajo sean hereditarias para sus cónyuges o hijos, en caso de fallecimiento por muerte natural, accidental o por renuncia al cargo, es una de las demandas que hacen empleados del Registro Nacional de las Personas (Renap) por medio del sindicato en formación.
Asimismo, exigen revisar cada año el salario de los trabajadores y ajustarlo a la situación económica del momento, un bono de antigüedad por cada año de servicios prestados y recibir un porcentaje de las utilidades que obtiene el Registro por los diferentes cobros que realiza. De igual forma, tener derecho a indemnización universal, gozar de asueto cada aniversario del Renap y Día del Padre y correr (o atrasar) los feriados o asuetos cuando éstos sean fines de semana (ver: Inamovilidad laboral, más sueldo y menos trabajo).
Dichas peticiones, que en total suman 38, constan en un documento presentado al Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social por 25 trabajadores que integran “un grupo coaligado que promueve un conflicto colectivo de carácter económico social contra el Renap.
En esta agrupación figuran 2 asesores legales, 4 pilotos, 1 cajera general, 3 técnicos jurídicos, 1 auxiliar de digitalización, 2 técnicos de inventarios, 1 auxiliar de tesorería, 2 auxiliares de verificación del Registro, 1 recepcionista, 1 asistente de dirección ejecutiva, 2 de mantenimiento, 1 encargado de almacén, 2 bodegueros, 1 encargado de “apoyo a convocatoria” y 1 auxiliar de presupuesto.
De las 38 demandas hay 10 en las cuales se exige la renuncia de funcionarios del Renap, trato digno a los trabajadores y no utilizar vehículos de la institución para uso personal de jefes y directores.
La acción de los empleados coincide con momentos en que el Renap ha dado muestras de inoperancia en por lo menos cuatro factores: no hay control en el sistema de asignación de partidas, el reconocimiento dactilar y facial no funciona, la asignación de códigos únicos de identidad no es confiable e inconsistencias en los nombres de los ciudadanos.
“Petición exagerada”
El director ejecutivo del Renap, Jorge Matheu, señala que los trabajadores tienen derecho a solicitar las prebendas que consideren necesarias. “Nosotros esperaríamos, sin embargo, que fueran más propositivas y que generen soluciones para resolver los problemas que tiene el Renap, entre los que se encuentran la atención al ciudadano, que es la función principal de los trabajadores del Renap”, cita el Director.
El ministro de Trabajo, Édgar Rodríguez, coincide en que existe el derecho de petición y advierte que no existe una figura legal de grupo coaligado como la que utiliza este conjunto de empleados.
“Todos los guatemaltecos, de acuerdo con la Constitución, tenemos derecho de petición, pero sí creo que raya, digámoslo así, en exagerada, la petición de que los puestos de trabajo sean hereditarios”, expresa el funcionario.
“Los puestos de trabajo”, agrega Rodríguez, “se tienen por calidad, eficiencia y no por herencia. Ningún patrono se puede comprometer a que el puesto que ahora tiene equis persona lo va a heredar su hijo, y ¿si su hijo no tiene las calidades para desempeñar el trabajo?”.
En ello coincide el experto en Derecho Laboral y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) Rubén Narciso. Según indica, “hay una normativa muy clara en Derecho que dice que no debe haber discriminación para acceder a un puesto de trabajo. En este tipo de situaciones hay discriminación, porque cualquier persona que vaya a optar por este puesto estaría en situación de desventaja, simplemente por no ser familiar de la persona que está dejando la plaza; eso es discriminatorio a todas luces”.
Agustín Orellana, secretario general del sindicato en formación, argumenta así dicha petición: “Un trabajador que es bien tratado en la institución, quiere a la institución y este aprecio lo transmite a su familia... del salario que le pagan al trabajador vive la familia. No vemos por qué no se pueda; a veces las familias se quedan sin la única persona que les da ingresos y si ahí hay una que reúna las calidades, no comprendemos por qué no se le pueda tomar en cuenta”.
En cuanto al aumento de sueldos y de asuetos, César Augusto Luna, quien conforma el Comité Ejecutivo del sindicato en formación, explica: “Si en otras instituciones se tiene, no veo por qué acá no. Hay recursos para pagarle a la gente dignamente; hay registradores en el interior que ganan Q1,800 mensuales y entran a las 7 de la mañana y salen a las 7 de la noche, sin que les sean reconocidas horas extras. Hay personas que trabajan de lunes a domingo en el interior y todo esto debe ser pagado”.
Narciso explica que en cuanto a percibir parte de las utilidades de la institución, es necesario hacer un análisis profundo, pues esta práctica se da en el sector privado, a fin de aumentar la productividad. “En este caso, por tratarse de una institución pública sin fines de lucro, no sería viable, porque no existen ganancias en una institución pública, pero debe hacerse un análisis jurídico más detallado”, recomienda.
Rosa María de Frade, diputada y presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, advierte que estas peticiones “sobrepasan” la función básica de una organización sindical, “sobre todo cuando hay tantas necesidades de hacer una reingeniería profunda en el Renap y cuando hay tantas quejas de la ciudadanía y procesos que no son eficientes”.
La parlamentaria incluso advierte la necesidad de “hacer un análisis de cuáles son las verdaderas intenciones de estos trabajadores, más allá de la defensa de derechos fundamentales”.
“Hay que tratar de ver las vinculaciones o los tentáculos que pueda tener y que, al final de cuentas, esto venga a ser una forma de perpetuar ciertas posiciones y de mantener ciertos esquemas de poder que pudieran venir a incidir de una forma negativa en todo el proceso de la extensión del DPI”, apunta De Frade.
En conflicto
Los trabajadores se organizaron el 16 de julio, luego de una reunión que duró dos horas y media en una oficina de la colonia La Palmita, zona 5, según consta en acta de la asamblea general.
Un día antes de esa asamblea (15 de julio), Mauricio Radford, representante del Congreso en el Renap, fue destituido por los legisladores bajo señalamientos de anomalías durante su administración.
Según el sindicato en formación, el Renap se encuentra emplazado en el Juzgado de Trabajo, lo cual implicaría que no se puede despedir a trabajador alguno sin autorización previa del juez. “El 16 de julio a las 15:00 horas, el Renap fue emplazado; todos los integrantes del sindicato y trabajadores pueden estar tranquilos, porque el emplazamiento que dictó el juzgado está vigente, ninguno puede ser destituido ni sufrir represalias por participar en la asociación sindical”, afirma Luna.
De acuerdo con Matheu, el emplazamiento ya fue levantado por el juzgado a cargo; sin embargo, “la parte sindical apeló dicho pronunciamiento, el cual está siendo tramitado por una sala de la Corte de Apelaciones”.
Tal decisión obedece, a criterio del funcionario, a que “el juzgado a cargo del proceso determinó que no concurrían los requisitos legales y levantó las prevenciones decretadas”.
El número de empleados que respalda las peticiones, asegura el “grupo coaligado”, es de 1,200, y el total de empleados de esta institución es de 3 mil. En los documentos presentados al juzgado se asegura que se organizaron, porque en el centro de trabajo “vienen ocurriendo diversas cuestiones que son susceptibles de provocar la suspensión de las labores y eventualmente la realización de una huelga”.
Según Matheu, el contenido de los documentos incorporados al proceso “pareciera que obedece más a intereses particulares”.
Fuente: Siglo XXI