El trámite del DPI ha consumido mucho tiempo a las personas que acuden a las diferentes sedes del Renap. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Aunque el Renap es una entidad autónoma, ayer trascendió que el gobernante decidió intervenirlo para llevar a cabo auditorías administrativas, financieras, de recursos humanos e informática, para garantizar la identificación de los ciudadanos guatemaltecos.
Roberto Alejos, presidente del Congreso, expresó que no tenía conocimiento de la intervención, pero que de darse “es un mecanismo para conocer a profundidad las deficiencias del Renap”.
Tres representantes
Fuentes del Gobierno informaron que la comisión interventora del Renap estaría integrada por tres personas que representarían al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Congreso y el Ejecutivo, debido a que esos tres órganos integran el Directorio del Renap.
En el Legislativo trascendió ayer que su representante sería Arabella Castro, ex registradora de la Propiedad, pero al final de la tarde el TSE y el Ejecutivo no habían decidido quiénes integrarían la citada comisión.
Derek Steel y Dino Calvinisti —hermano del vocero presidencial, Giuseppe Calvinisti— eran algunos de los nombres que el Ejecutivo analizaba, mientras que en el TSE no se alcanzaron acuerdos respecto de su representante, según trascendió anoche.
Los nombres de Ernesto Viteri y Francisco Viau, ambos integrantes del Consejo Consultivo del Renap, también se mencionaron como posibles interventores, pero ninguno confirmó su participación.
Otro nombre que se mencionó para ocupar un lugar en la comisión interventora es el de Raymundo Cas, ex magistrado del TSE.
“Lo importante es darles confianza y certeza a los guatemaltecos del trabajo del Renap”, afirmó Alejos.
Intervención sería ilegal
De acuerdo con Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), la decisión de intervenir el Renap sería ilegal porque es una entidad autónoma y esa característica se la otorgó el Congreso por medio de una ley.
Hizo énfasis en que para intervenir el Renap es necesario que el Legislativo apruebe otra normativa.
Añadió: “El Cedecon vería con mucha preocupación un antecedente de que una entidad autónoma pueda ser intervenida por una disposición que no sea de una ley”.
Como ejemplo citó: “Hay autonomías que provienen de la Constitución, como la de la Universidad de San Carlos, las municipalidades, el Banco de Guatemala y otras, pero el Renap, la Portuaria Santo Tomás de Castilla y Guatel son entidades autónomas que tienen su creación por una ley (...), pero si ya se pusieron de acuerdo para intervenir, pero no hay una ley que habilite eso, yo sí tengo reserva hasta no conocer qué es lo que están tratando de hacer”.
Riesgos
Según el análisis de Balsells, es probable que los organismos del Estado estén tratando con ligereza el término intervención, cuando en realidad el objetivo de la comisión que pretenden nombrar podría ser fiscalizar y auditar el trabajo de ese registro.
De acuerdo con el analista, si se concreta la intervención se corre el riesgo de que la Corte de Constitucionalidad conozca una serie de impugnaciones en contra, porque esta sería ilegal; de que el TSE, si permite la intervención por medio de una disposición que no sea un decreto, comprometa su imparcialidad, y que el Renap continúe actuando al margen de la ley.
“No se qué sea peor: no identificar a las personas o identificarlas mal, porque yo como abogado conozco ocho casos de personas con mala identificación en su DPI (...) Sería inaudito que el TSE permita que se intervenga al Renap a través de un acuerdo gubernativo”, recalcó Balsells.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, expuso: “No creemos que la intervención resuelva el problema, puesto que la disfunción del Registro se debe en gran parte a los negocios que se realizaron por el representante del Congreso. Creo que tiene más riesgos que beneficios, porque ahora es el presidente —Álvaro Colom— el responsable de darle certeza a la entidad”.
Hasta ayer, las autoridades del Renap no habían sido notificadas en forma oficial de la intervención, dijo el director ejecutivo, Jorge Matheu.
Fuente: Prensa Libre