El presidente Álvaro Colom afirmó ayer que el proceso para el cierre temporal de la mina Marlin, en San Marcos, “llevará algún tiempo”, porque primero se tienen que demostrar las acusaciones en su contra.
Esa situación se confirmó cuando, en conferencia de prensa, ejecutivos de Goldcorp y su subsidiaria Montana Exploradora, S.A., dueña de la mina Marlin, afirmaron ayer que continúan operando con normalidad.
Durante el recorrido efectuado ayer para supervisar daños causados por la tormenta Ágatha, en Sacapulas, Quiché, Colom expresó que los detractores de esa actividad deben probar sus acusaciones y que el proceso para cumplir con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “llevará algún tiempo”.
Agregó: “Lo que hicimos, como le correspondía al Gobierno, fue responder a la solicitud de la CIDH, pero hay un procedimiento legal y administrativo qué seguir. La empresa tiene sus derechos ganados, y se tiene que demostrar que las acusaciones son verdaderas”.
Luis Ferraté, ministro de Ambiente, informó: “Estamos discutiendo ahora el proceso por seguir para cumplir con la disposición presidencial, y dentro de unos días sabremos, de acuerdo con la ley, lo que se debe hacer”.
Añadió que como parte de esa discusión se analiza, también, el pago de la deuda de Q20 millones que tiene Montana Exploradora con ese ministerio, por ingresar cianuro en el país sin pagar una fianza ambiental.
Cierre temporal
Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental, consideró que no se deben generar falsas expectativas, porque el cierre de la mina no es definitivo, y señaló que para llegar al cierre temporal, que solicita la CIDH, pueden ser necesarios varios años.
Destacó que la CIDH lo que pidió fue un cierre temporal, para proteger la salud de los habitantes, mientras se investiga si hay riesgo para ellos.
La comisionada presidencial para los Derechos Humanos, Ruth Del Valle, informó que se efectúa un estudio epidemiológico de base, “porque lo que se ha detectado en esa zona es lo mismo que hay en el resto del país”.
Hizo énfasis en que posteriormente se realizará un monitoreo que durará tres años, el cual puede revelar si se ha deteriorado la situación de salud de los habitantes con relación a la mina.
Posturas encontradas
Carlos Amador, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, expresó: “La negligencia de funcionarios del Organismo Ejecutivo causó que la CIDH pidiera al Gobierno la suspensión de actividades de la mina Marlin, lo que redunda en un mensaje negativo para los inversionistas interesados en venir a nuestro país”.
Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que felicitó la decisión del gobierno guatemalteco de suspender la explotación minera de Marlin, y recordó que el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar proyectos que les afecten.
Fuente: Prensa Libre