Foto: Tras lograr la prórroga del contrato petrolero con Perenco y con casi un año de retraso con respecto a lo programado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ya tiene preparada la propuesta para licitar 6 de las 12 áreas petroleras identificadas y que se localizan en los departamentos de Petén, el norte de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz, así como en las costas del Pacífico.
Alfredo Pokus, viceministro de Minería e Hidrocarburos, informó que esta semana se presentará a la Secretaría General de la Presidencia la documentación para que sea revisada y se conozca en el Gabinete de Gobierno para que este apruebe la licitación.
El retraso en la preparación del proceso se debió a que el MEM debió modificar algunos de los polígonos para evitar que quedaran dentro de zonas protegidas, agregó el funcionario.
El inicio del proceso para la licitación de las 6 nuevas áreas está previsto a más tardar en enero de 2011, indicó Pokus, que también garantizó que no hay inconvenientes con el retraso a pesar de que se trate de un año electoral, pues el plan de cambiar la matriz energética del país es un proceso de largo plazo.
Según las estimaciones oficiales, en el área de Petén existe un potencial de 3 millardos de barriles de crudo. En ese departamento se tienen ubicadas 7 de las 12 nuevas áreas petroleras, y estas precisamente serán las primeras en ser licitadas.
En la segunda licitación se incluirán tres áreas ubicadas frente a las costas del Oceáno Pacífico y que se estima poseen reservas de gas natural, lo que a decir de Pokus, “es un recurso nuevo y se necesita una dinámica nueva para adjudicarlas”.
Calas Pide transparencia
Rafael Maldonado, coordinador del área jurídica del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (Calas), explicó que hay un recurso para que los pozos del Pacífico no se liciten, pues la explotación en mar abierto o en las costas representa un riesgo para los ecosistemas y la salud de los habitantes. Además de que Guatemala aprobó una política costero marina y otras normas ambientales internacionales que protegen las costas, dijo.
El tema petrolero genera conflictividad social, reconoció Maldonado, por lo que espera que el Gobierno sea transparente sobre los beneficios de la explotación de crudo para las poblaciones donde se ubican los pozos así como de las ganancias para el Estado, y mantengan reglas claras y acceso a toda la información disponible.
Maldonado también indicó que se tiene que modificar el reglamento a la Ley General de Hidrocarburos para que no se permita a las empresas algunos costos recuperables como el pago de salarios, seguridad social, uniformes, viajes nacionales e internacionales, pago de asesores y abogados que reducen las regalías que obtiene el Estado. En los últimos 10 años se han perdido Q3.5 millardos de esta manera, resaltó el coordinador de Calas.
Fuente: elPeriódico