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La Corte de Constitucionalidad (CC) ha confirmado que el Registro Nacional de las Personas (Renap), en base en lo que dispone el Artículo 120 de la Constitución, puede ser intervenido.
En nuestra opinión, la consulta del presidente Álvaro Colom a la CC fue una pérdida de tiempo valioso dada la emergencia, ya que el Artículo 120 de la Constitución claramente establece que el Estado puede, en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando se obstaculizare su funcionamiento. Inequívocamente, éste es el caso del Renap.
No se sabe si Colom vaciló como consecuencia de las opiniones de quienes decían que el gobierno no podía o debía intervenir el Renap, o si realmente no existía voluntad política para hacerlo. Da para pensar de todo.
Ahora hay que impedir a toda costa que el régimen de Colom intervenga políticamente el Renap, es decir, que elija a gente comprometida con el oficialismo, y no técnicamente competente, o sea, profesionales capaces, honorables, con carácter, criterio independiente, y, en general, idóneos para asumir la gran responsabilidad que conlleva la emisión del documento de identificación personal.
Por otro lado, la intervención técnica debe contar con amplias facultades para reestructurar, reorganizar y administrar el Renap, para revocar nombramientos, rescindir o resolver contratos, conservar y guardar bases de datos, deducir responsabilidades civiles y penales, proponer reformas legales y contratar auditorías nacionales e internacionales, entre otras.
El Renap no está para chapuces, sino para una cirugía mayor, a fin de que una identificación personal confiable se garantice plenamente, aunque, por supuesto, sabemos que esto va a tomar tiempo. Pero más vale que el asunto se retrase a que siga como va actualmente, en manos de politiqueros y negociantes. No esperamos milagros, pero sí, al menos, que se ponga fin al despropósito.
También habrá que presionar al Congreso para que reforme la Ley del Renap, pero no como está previsto en el proyecto que está circulando, sino abordando los temas de fondo, como la integración técnica del Directorio y del ente fiscalizador, la dotación de fundamento jurídico a la cédula de vecindad, la prórroga de vigencia de la misma hasta que la ciudadanía cuente con un Documento Personal de Identificación (DPI) confiable, y la preservación del padrón electoral.
Fuente: elPeriódico