La juez noveno, Silvia Morales, los ligó a proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, bajo medida sustitutiva con arresto domiciliario, arraigo y firma una vez al mes del libro de procesados en la Fiscalía Especial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Con ello suman 8 empleados del Renap de 14 vinculados en anomalías con la adjudicación a la empresa Easy Marketig S.A., encargada de fabricar el Documento Personal de Identificación (DPI).
“Este es un proceso que va a ventilarse en el sistema judicial y vamos a demostrar la inocencia de cada uno de los involucrados. Lo que si puedo asegurar es que dimos una fianza conforme a la Ley de Contrataciones del Estado”, declaró Radford al concluir la audiencia de primera declaración que se realizó en la judicatura a puerta cerrada.
Los abogados defensores y la agente fiscal no otorgaron detalles de la investigación. Argumentaron que el caso sigue bajo reserva.
Radford también enfrenta otras denuncias que originaron la decisión del Congeso de relevarlo como representante de este organismo ante el Directorio del Renap. Ahora espera que la Corte de Constitucionalidad le enmiende la plana al Congreso.