¿Por qué tanto silencio con Valdés, Alejos y Banrural?
Los autores intelectuales de este negocio siguen impunes. Mientras Jiménez, brazo derecho de “los Peludos” izquierdistas es protegido por Colom.
Uno de los fraudes más grandes del gobierno de Álvaro Colom fue la adjudicación para la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI), a la empresa Easy Marketing, vinculada con el financista de campaña y contratista del Estado, Gregorio Valdés.
Desde el inicio, este contrato estuvo plagado de vicios que, inclusive, llevaron a Rodrigo Rosenberg a grabar un video para denunciar estos oscuros contratos entre Colom, sus financistas de campaña y el Banrural, temas que están siendo investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La licitación del DPI es una de las más importantes porque se encarga de emitir el único documento que contendrá número de cédula, pasaporte y NIT de los guatemaltecos. Hoy día, queda claro con este negocio entre Renap y Easy Marketing no sólo se embolsaron millones sino también se fraguó un plan para un posible fraude electoral en las próximas elecciones, con documentos carentes de confiabilidad.
Por este caso ya se encuentra procesado el ex ministro Francisco Jiménez, tres miembros de la Junta de Licitación de Renap y se investiga a 14 funcionarios, Patricia Cervantes, presidenta del Tribunal Supremo Electoral y otros miembros del directorio del Renap como Mauricio Radford y Enrique Cossich. Sin embargo, los autores intelectuales y copartícipes de este negocio permanecen impunes. Me refiero a Gregorio Valdés, Gustavo Alejos, el secretario privado de la Presidencia o los dirigentes de Banrural, José Ángel López y Fernando Peña, entre otros. ¿Será que CICIG y fiscalía se atreverán a tocar a estos personajes o seguirán en silencio?
En Guatemala solemos perder la memoria, por eso quiero remitirme a las declaraciones que dio el doctor Carlos Castresana en enero, cuando reveló la forma en que Rosenberg planificó su muerte. En aquella ocasión, Castresana apuntó que otra línea de la investigación de CICIG revelaba una reunión en la Navidad de 2008, en el despacho presidencial donde se encontraban Gustavo Alejos, Luis Mendizábal, el presidente Colom y Gregorio Valdés, cuando se acordó entregar la concesión millonaria del DPI a Valdés y las licencias a Mendizábal. Con el aval de Colom se hicieron estos negocios y también se sugirió la remoción del ministro Jiménez por Gándara.
Luego, Castresana señaló que tanto las licitaciones del DPI como de los pasaportes fueron tendenciosas para favorecer a Easy Marketing, empresa sin capital social ni tecnología y que concurre sin respaldo financiero a la adjudicación, con un aval que sin soporte le concede Banrural.
En mayo de 2009, una investigación de elPeriódico reveló cómo el Banrural, dirigido por Fernando Peña y José Ángel López otorgó un aval millonario a Easy Marketing, constituida un año antes de ganar el contrato con un capital de Q5 mil. Sus accionistas de 27 años son campesinos y testaferros de Valdés.
Y así, en medio de crisis, las investigaciones sólo han puesto los ojos de Jiménez, figura clave de este régimen. Poco se ha dicho sobre el ex ministro, que es uno de los principales cómplices del grupo de los “peludos”, que encabezan Orlando Blanco y su cuadrilla de ex guerrilleros al servicio de Sandra de Colom.
A pesar que se dijo que su entrega en los tribunales fue voluntaria, fuentes del Organismo Judicial aseguran que guardaespaldas del viceministro Sergio Mendizábal, lo condujeron a los tribunales para que no fuera apresado, seguramente tras un convenio al que llegó con el gobierno de Colom, quien aún lo mantiene como coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad a pesar de la denuncia en su contra.
Otro aspecto lamentable fue que el delito de conspiración para el fraude le fue quitado a Jiménez por la jueza Verónica Galicia, con el fin de dejarlo libre bajo fianza.
Sin embargo, es interesante escuchar las denuncias de la diputada Nineth Montenegro, sobre su participación en un negocio de Q162 millones con Industria Militar que elaboró chalecos defectuosos para la Policía Nacional Civil. Fue Jiménez quien también negoció el contrato de las cámaras para las Paradas Seguras de Transurbano por Q92.5 millones, negocio sobrevalorado, con empresas sin experiencia y cámaras que aún no funcionan y que fueron adquiridas en un contrato donde el Estado terminará por pagar el triple de su costo.
Este es el escenario donde el fraude del DPI se ventila en tribunales, esperamos que la CICIG llegue a fondo e investigue a quienes desde siempre han sido los “intocables”.
Fuente: elperiódico