La empresa no ha invertido en nuevas exploraciones.
La noticia de que el Presidente sucumbió de nuevo a la tentación de violentar la opinión pública procediendo, otra vez, no como un estadista sino como un gestor de intereses espurios, es mala por cualquier lado que se le quiera ver.
No se trata simplemente de la defensa de un ecohisterismo dedicado a evitar que el país progrese mediante la explotación de sus recursos naturales. Para empezar, toda la negociación con Perenco se realizó a pesar de la existencia de varias leyes que lo hacían inviable jurídicamente. Curiosamente una de ellas es precisamente la Ley de Hidrocarburos. A trabas y rempujones los congresistas reformaron el Artículo 12 que prohibía expresamente las prórrogas de los contratos, pero dejaron todo el resto de la ley incongruente, pues está diseñada precisamente para que no se diera esa tergiversación: la prolongación indefinida de contratos en detrimento de un sano proceso de licitación que beneficia al país. En otras palabras: la modificación del Artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos fue solamente en beneficio de Perenco y, además de otras cosas, implica un asunto de competencia desleal para toda la oferta de empresas explotadoras que hubiesen ofertado quizás en mejores condiciones.
Y, ¿le conviene Perenco al país, aún cuando lo viéramos exclusivamente desde la perspectiva de la explotación petrolera? Muchos expertos opinan que no. La empresa no ha invertido en nuevas exploraciones y habría que auscultar todos los costos ocultos que cobra al Estado. Aparte, la visión a largo plazo era la creación de una compañía petrolera estatal que permitiera que la mayor parte de ganancias se quedara en Guatemala. Según un experto petrolero la explotación no florece en el país porque existe mucho acomodamiento: muchas transnacionales no invierten, simplemente se llevan lo que ya es seguro. Por eso, la ley impedía las prórrogas.
Por otro lado, está el tema ecológico. No se trata exclusivamente de un etéreo asunto de ética humana. Se trata de que el estado de Guatemala había emitido una serie de normas jurídicas en torno a su protección. Estas normas fueron violadas por el Presidente de la República. Y esto, es un asunto fundamental: el Presidente tiene la obligación de cumplir con la Constitución y las leyes. Si las viola, está atacando de forma directa el Estado de Derecho. Y entonces, ¿qué clase de Estado propugna el gobierno de Álvaro Colom?
Los guatemaltecos teníamos todo el derecho de que temas tan cruciales como la definición de la política petrolera del país versus la protección ambiental se discutieran ampliamente y se llegara a consensos de beneficio colectivo, con visión de futuro. Ni Guatemala, ni los guatemaltecos, merecemos seguir siendo tratados como una masa informe, ignorante e impotente, cuyos intereses no pesan, cuando hay negocios sucios bajo la mesa.
Fuente: elperiódico