Aprovechar el petróleo o dejarlo en el subsuelo.
Debido al impacto social y ambiental provocado por la explotación de oro y plata a cielo abierto en el Departamento de San Marcos y a la prórroga del contrato para exploración y explotación de petróleo a la empresa Perenco en Petén, se han provocado reacciones de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, motivadas principalmente por los efectos negativos para los pobladores de las comunidades circunvecinas y para el medio ambiente, sin que su explotación se refleje en una mejora significativa de los ingresos tributarios del Gobierno central, el nivel de empleo la consecución de la mejora sostenible del nivel de vida de las poblaciones circundantes y del país en general sobre la base de un equilibrio ecológico aceptable.
El tema es de gran importancia para el país y en el centro de la discusión de los pros y contras subyace la disyuntiva que surge entre la conveniencia de llevar a cabo su aprovechamiento racional y responsable o dejar los recursos en el subsuelo. Como es obvio, lo deseable es encontrar una posición que satisfaga los intereses de todas las partes. Por un lado, el capital requerido, que por lo general es extranjero, necesita certeza jurídica y un régimen económico que lo motive, pero sin perder de vista que los recursos a explotarse pertenecen a toda una nación, cuyos intereses se esperaría sean garantizados adecuadamente por el Estado y sus instituciones.
Por otro lado, es necesario que la población, cuyo sentir se transmite a través de diversas organizaciones representativas de la sociedad civil, antes de oponerse sistemáticamente, evalúe las ventajas y desventajas de utilizar nuestros recursos, a manera de guardar el equilibrio con el máximo beneficio o definitivamente no hacerlo y seguir manteniéndolos en el subsuelo, como riqueza del país que no se aprovecha. Dentro de la mayor racionalidad posible, se trata pues, de que todas las partes puedan obtener beneficios con el menor daño posible para guardar el equilibrio ecológico.
Sin embargo, estas negociaciones no siempre se llevan a cabo dentro de un ambiente de transparencia, legalidad y equilibrio para las partes. Para cambiarlo es necesario que los legisladores actúen anteponiendo los intereses nacionales, en búsqueda de que el régimen económico se enmarque dentro de parámetros estandarizados utilizados por otras naciones, que tome en cuenta la opinión de la población beneficiada o afectada por la actividad de los concesionarios, generalmente transnacionales, a fin de que los beneficios a obtenerse se distribuyan de una manera ecuánime. Sobre este particular, no puede dejar de mencionarse que la legislación minera actual contempla el pago de una regalía cuyo porcentaje es mínimo en comparación al de países con vocación minera, así como la duda surgida por la precipitada extensión del contrato de Perenco, a pesar de la propuesta de diputados alemanes para crear un fideicomiso que dejara al Estado beneficios similares por las regalías que pagará dicha compañía, porque parece que ni siquiera fue considerada, aunque en Ecuador operan estos mecanismos.
Para evitar más controversias en el futuro, es conveniente revisar la legislación, hacerle enmiendas y definir una política de Estado para este tipo de concesiones que perdure a pesar de los cambios de Gobierno cada cuatro años en Guatemala y de conformidad con ello, revisar los contratos vigentes y exigir garantías para compensar los daños derivados de su explotación y que el Estado ejerza control para el debido cumplimiento de las normas en beneficio de la población.
Fuente: elperiódico